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CGE reporta 3.300 robos de energía: Talca y Curicó lideran casos nacionales

  • Martes 11 de agosto de 2026
  • 10:14 hrs

CGE y la empresa ALTO han presentado cerca de 1.300 querellas para desbaratar conexiones eléctricas irregulares. Los ilícitos, que comprometen la seguridad de la red, se concentran principalmente en Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo.

Un total de 161 personas imputadas y 46 fallos judiciales favorables es el saldo de la estrategia impulsada por la Compañía General de Electricidad (CGE) y la empresa ALTO para desbaratar redes de hurto de electricidad en el país. A través de 1.300 querellas, la alianza busca frenar este delito que suma 3.300 casos en los últimos 18 meses.

Según el catastro de CGE, entre enero de 2025 y junio de 2026 se registraron 3.300 casos de hurto de energía a nivel nacional. El ilícito predomina en territorios que combinan zonas urbanas, industriales y agrícolas en el centro-sur del país.

Las regiones del Maule (622) y O'Higgins (611) reportan la mayor incidencia, seguidas por la Metropolitana (608). El problema también afecta con fuerza a las regiones del Biobío (327) y La Araucanía (272).

A nivel comunal, los focos con mayor prevalencia se ubican en Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo. En estas zonas, CGE reforzó prioritariamente la seguridad operativa de sus redes.

Riesgos para la red y acciones legales

Las indagatorias penales revelaron la complejidad organizativa detrás de las conexiones clandestinas. El gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, Eduardo Hernández, detalló que la persecución judicial expuso un patrón de actuación coordinada para instalar empalmes irregulares.

El impacto de estas alteraciones obligó a la distribuidora a endurecer sus medidas sancionatorias.

El director de Servicios Jurídicos de CGE, Ernesto Peñafiel, advirtió que “el hurto de energía no sólo genera un perjuicio económico para la compañía: también compromete la calidad y la seguridad del suministro para miles de clientes que sí cumplen con sus obligaciones”.

Desde ALTO enfatizaron que los costos terminan siendo traspasados a los usuarios del sistema eléctrico.

“No debemos subestimar este delito. Cada conexión clandestina implica una sobrecarga en la red que puede derivar en incendios, electrocuciones o cortes de suministro, con impacto directo en la seguridad y la calidad del servicio para toda la comunidad”, explicó Hernández, instando a la ciudadanía a denunciar estas vulneraciones.