Países de la UE aprueban endurecer sus políticas migratorias

La Unión Europea dio un nuevo paso en su agenda migratoria tras lograr un acuerdo entre los 27 Estados miembros para avanzar en dos textos legislativos orientados a acelerar la expulsión de migrantes cuyas solicitudes de asilo no tienen posibilidad de ser aceptadas. Las iniciativas, respaldadas por los ministros de Interior reunidos en Bruselas, deberán ahora ser debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor.

El paquete legislativo contempla, por una parte, una reforma al marco que regula el concepto de tercer país seguro, permitiendo ampliar las circunstancias en las que una solicitud puede ser declarada inadmisible sin necesidad de evaluar su contenido. Uno de los cambios más polémicos es que ya no será indispensable demostrar una “conexión” entre el solicitante y el país al que sería enviado, lo que facilita la devolución aún sin vínculos previos.

La segunda medida corresponde a la creación de la primera lista común de países de origen considerados “seguros”. Además de Marruecos y Colombia, la nómina incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez. También se contempla la incorporación automática de los Estados candidatos a integrarse en la Unión Europea, salvo en situaciones de conflicto armado o crisis graves. La Comisión Europea deberá monitorear estos contextos y recomendar ajustes cuando sea necesario.

Tras la votación, el Consejo afirmó que el objetivo central de estas disposiciones es agilizar los procedimientos para personas que no califican para recibir protección internacional. En la misma línea, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, destacó que las reformas buscan reducir la presión sobre los sistemas de asilo nacionales y permitir una gestión más eficiente.

El debate, sin embargo, evidenció diferencias entre los países. España, Francia y Portugal se opusieron a los cambios asociados al concepto de tercer país seguro. París y Madrid, además, cuestionaron que no exista obligación de informar a los demás Estados miembros cuando se firmen acuerdos bilaterales con terceros países para gestionar retornos, ni que haya financiamiento comunitario para ese tipo de pactos. En contraste, Alemania apoyó la propuesta, argumentando que proporciona un marco “más realista” y compatible con las obligaciones internacionales.

Las nuevas reglas permitirán a los países europeos aplicar el concepto de tercer país seguro bajo tres criterios alternativos: la existencia de una conexión previa —que ya no será un requisito obligatorio—, el tránsito del solicitante por ese país antes de llegar a la UE, o la existencia de un acuerdo que garantice que la petición será evaluada fuera del territorio europeo. No obstante, estas opciones no podrán utilizarse cuando se trate de menores no acompañados.

Además, los solicitantes que apelen una decisión de inadmisibilidad no tendrán automáticamente derecho a permanecer en territorio europeo durante el proceso, aunque sí podrán pedir a un tribunal autorización para hacerlo.

El establecimiento de la lista de países seguros pretende acelerar la tramitación de casos considerados de bajo riesgo, así como facilitar el retorno de quienes no requieren protección internacional. El acuerdo también habilita a la Comisión Europea a suspender temporalmente la designación de un país como seguro —total o parcialmente— si existen motivos fundados.